EJERCITO: Por orden del Comandante General, General de brigada y un Comandante regalan terrenos arqueológico del Ejército a municipio y consorcio peruano-ecuatoriano

  • Doctor Sandro Balvin destapa escandaloso caso de corrupción en Cajamarca, con doble concesión ilegal de tierras en 2017 y 2021 que tiene vestigios de carácter arqueológico.
  • Jefe del Batallón de Infantería Motorizada Zepìta No 7 entrega más de 27 mil m2, con anuencia de general, jefe de 7ma Brigada de Lambayeque.
  • Poder Judicial dispone paralizar obras, pero los dos oficiales permiten a empresa seguir con extracción de material en zona arqueológico donde se habrían enriquecido con S/ 5 Millones .

Un feo y escandaloso caso de corrupción al mas alto vuelo que compromete seriamente otra vez al Comandante general del Ejército, Walter Córdova por S/ 5 Millones al saltar a la luz pública una doble concesión ilegal de más de 27,500 m2 del cuartel Basilio Cortegana, en beneficio de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, en Cajamarca, y a un consorcio empresarial peruano-ecuatoriano.

Por este negociado con terrenos del Ejército se ha denunciado, ante la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, al comandante general del Ejército, Walter Córdova Alemán;  al general Mario Acosta Bernuy, jefe fe de la 7ma Brigada de Lambayeque y al comandante Cristian Saúl Jaime Torres, jefe del Batallón de Infantería Motorizada (BIM) Zepìta No 7.

“Este es un hecho de corrupción que data de varios años y que viola las leyes que rigen el patrimonio y los bienes del Ejército, los cuales son administrados por el Ministerio de Defensa de acuerdo a las leyes vigentes y que unos oficiales no pueden disponer según su propia voluntad”, expresa el constitucionalista Sandro Balvin.

Cinco años atrás

Según se ha podido conocer, los hechos se remontan al 4 de julio del 2017, cuando el alcalde de Baños del Inca suscribió un convenio con el Ejército, por el cual accedía por seis años a un terreno de 7,500 m2 para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

A cambio, el municipio distrital se comprometió a construir dos piscinas, un gimnasio y otras obras civiles en el interior del BIM Zepita No 7, pero en ningún momento cumplió con su parte del contrato y, en cambio, inició trámites para apropiarse y explotar el terreno concedido.

Esta maniobra se descubrió cuando, a espaldas del Ministerio de Defensa, iniciaron los trámites ante la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) para reclamar la titularidad sobre el terreno que se encuentran con vestigios de carácter arqueológicos  hasta por un área de  7,500 m2 que son parte del cuartel Basilio Cortegana, ubicado en ese distrito cajamarquino.

La maniobra del alcalde de Baños de Inca dio resultados, y la SBN reconoció al municipio la propiedad sobre ese terreno, lo que motivó una demanda de la Procuraduría Pública del Ejército contra la SBN por expedir un reconocimiento ilegal y demandó la nulidad del acto administrativo.

Ante la controversia, el general Walter Bracamonte, jefe de la 7ma Brigada de Lambayeque, comunica a la jefatura del BIM Zepita que ni funcionarios ni operarios del municipio de Baños del Inca pueden ingresar a realizar ninguna obra en sus instalaciones, por mandato de judicial.

Se ríen de justicia

Con documentos en la mano, el constitucionalista Balvin revela con indignación que, pese al mandato judicial, el pasado 22 de febrero, el general Acosta Bernuy, jefe de la 7ma Brigada de Lambayeque y el comandante del BIM Zepita, comandante Jaime Torres decidieron mediante otro documento la entrega de los 7,500 m2.

La suscripción de este acuerdo, unilateral y a conveniencia de esos oficiales, se hizo en la ciudad de Piura, tras una reunión secreta con un asesor del alcalde de Baños del Inca. La firma del acta se hizo sin las opiniones técnicas y legales del Ejército, y tampoco se envió una copia documental..

“Un general, por más alto cargo que tenga, no puede disponer de los terrenos o bienes del Ejército, y menos un Comandante, jefe de batallón, acá hay toda una componenda que incluye al mismo comandante general del ejercito quien habría dado luz verde y quien se hace de la vista gorda”, expresa Balvin, presidente de la ONG Balvin Anticorrupción.

No obstante las prohibiciones legales, sobre la base de un acuerdo espúreo, desde marzo pasado empezaron las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) dentro del cuartel Cortegana, con la remoción de tierras y el envío de material.

El ilegal inicio de las obras motivó otra denuncia, ante la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente en Cajamarca, contra el alcalde Baños del Inca, Edilberto Aguilar, el general Acosta Bernuy y el comandante Jaime Torres, por daños contra la salud pública, el comercio y el medio ambiente.

Una puñalada más

Este caso de corrupción no se quedaría en este capítulo y el comandante del BIM Zepita, con anuencia de su jefe inmediato, el general Acosta Bernuy, volverían a disponer de los terrenos del Ejército como si fueran sus chacras y mediante una carta de entendimiento, firmada en abril pasado, entregaron dos hectáreas (20 mil m2) a la empresa consorcio Saneamiento Cajamarca.

El tiempo de la entrega es por diez años y, como la vez anterior, tampoco tuvieron delegación de facultades, opiniones técnicas  ni menos enviaron una copia al acervo documentario del Ejército. En pocas palabras, lo hicieron a su gusto y conveniencia porque al Ejército no ingreso un sol por el nuevo acuerdo, sin embargo se habría beneficiado con S/ 5 millones de soles.

Este nuevo acuerdo motivó al coronel jefe del estado mayor administrativo de la 7ma Brigada de Lambayeque a solicitar explicaciones al comandante Jaime Torres, y casi al mismo tiempo, el 2° Juzgado Civil, mediante medida cautelar, dispuso la paralización de las obras.

Sin embargo, nuevamente la dupla integrada por el general Acosta Bernuy y el comandante Jaime Torres autorizaron a la empresa seguir con las obras de extracción de material del cerro y río Chonta, con fines comerciales porque se usa en obras de construcción.

 

“Acá hay un perjuicio enorme al Ejército, una burla a la justicia y al ordenamiento legal que rige el uso de los bienes públicos, por que según el Artículo 27 del Decreto Supremo N° 032-DE-SG establece que los terrenos que se otorgue será mediante Resolución Suprema refrendada por el MINDEF y eso no ha ocurrido», comenta el doctor Balvin y lamenta la inacción del alto mando del Ejército para no impedir estos hechos.

Por lo pronto, la Inspectoría del Ejército ya constató la enorme responsabilidad del general de brigada y del comandante jefe del BIM Zepita, pero aún, tiene encarpetado su informe final y hasta el momento los dos oficiales siguen al mando de su cuartel, cuando debió ser relevado en el mando y dado de baja por medida disciplinario, porque hasta la fecha  no han podido explicar ni sustentar los dos acuerdos para entregar terrenos de la jurisdicción bajo su mando.

Se sabe que la empresa peruano ecuatoriana beneficiada con dos hectáreas, ha extendido sus obras a más de seis y ha instalado maquinarias, almacenes, galpones para proceder a la explotación de las canteras, sin pagar un sol al Ejército.

 

“Esto es un escándalo que no se puede permitir en el Ejército, beneficiándose ilegalmente a una empresa ecuatoriana en suelo peruano, vamos apoyar la denuncia penal contra los oficiales comprometidos en los delitos de peculado, colusión y enriquecimiento ilícito en agravio del estado”, precisó el doctor Sandro Balvin. CONTINUARAAA….II -PARTE. TAMBIEN VIENE!!!!! INDECI EN TIEMPOS DE TERREMONTO Y LOS MILLONES QUE SE GASTAN.

 

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