VLADIMIR CERRÓN PRESENTARÁ HABEAS CORPUS PARA ANULAR ORDEN DE CAPTURA Y PUEDA SEGUIR SU JUICIO EN LIBERTAD.

Hoy el Abogado y Presidente de la ONG RED BALVIN ANTICORRUPCIÓN presentará hábeas corpus en favor de presidente regional de Junín

El abogado Constitucionalista Sandro Balvín exige que se respete sus derechos fundamentales al debido proceso, si bien Vladimir Cerrón ha sido Sentenciado el 5 de agosto del 2019, por el 5° Juzgado Penal de Corrupción de Huancayo, en su condición de Presidente del Gobierno Regional de Junín, por el delito contra la Administración Pública –Negociación Incompatible, a una pena privativa de libertad de 4 AÑOS y OCHO MESES efectiva, también dicha Sentencia fue apelada el 8 de agosto del 2019 y por ende aún no está firme, por lo tanto la medida que dispone la ubicación y captura es arbitraria e inconstitucional .

La defensa legal del gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, presentará hoy  a las 11:30 de la mañana el recurso de hábeas corpus  ante el Juzgado Penal de Turno de Lima  para neutralizar la orden de captura  dictada en su contra , dentro de la sentencia que hace unos días lo condenó por supuestas irregularidades en el saneamiento de La Oroya.

“No pretendemos que el señor Cerrón evada la acción de la justicia, sino que se respete el debido proceso y pueda defenderse ante la segunda instancia pero en libertad para que demuestre su inocencia”, declaró el abogado Balvín Sáenz.

El letrado declaró que si el Poder Judicial acoge esta medida se neutralizará el gigantesco operativo policial de búsqueda y captura que se inició hace unos días en la ciudad de Huancayo  y se ha extendido por todo el país.

El abogado Sandro Balvín llamó la atención sobre el hecho de que la resolución judicial haya sido emitida unos días después de que Vladimir Cerrón Rojas anunciara públicamente su posible participación en las próximas elecciones generales.

Hay que indicar que la  sentencia del Quinto Juzgado Anticorrupción también impone al gobernador regional de Junín el pago de 850,000 soles por concepto de reparación civil y dispone su inabilitación por un año para ejercer función pública, aunque provenga de elección popular.

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